Una inesperada piedra apareció en el camino de uno de los principales proyectos del gobierno para frenar el alza del desempleo. De acuerdo a estimaciones del Ministerio del Trabajo, unas 200 mil pymes están inhabilitadas para retener trabajadores en sus puestos de trabajo, mediante programas especiales de capacitación -en lugar de desvincularlos-, según lo permite el Acuerdo Nacional por el Empleo, la Capacitación y la Protección Laboral, suscrito en mayo por el Ejecutivo, la CUT y la CPC y que comenzó a regir el pasado 1 de julio.

¿La razón? Las deudas tributarias y previsionales que mantienen las empresas de menor tamaño. Según explican en Trabajo, la normativa vigente "exige a todos quienes quieran ser proveedores o beneficiarios de programas del Estado estar al día en este tipo de morosidades". El tema fue ampliamente discutido en la visita que la ministra del Trabajo, Claudia Serrano, realizó hace algunas semanas al Círculo de Personas de Icare.

En concreto, el acuerdo tripartito suscrito por el gobierno, empresarios y  trabajadores establece dos estímulos para capacitar en lugar de despedir: primero, permitiendo que las empresas descuenten de sus pagos previsionales mensuales (PPM) 2,5 veces el gasto destinado a capacitación y, segundo, acordando permisos especiales de capacitación por cinco meses, en los que el trabajador recibe el 5o% de su sueldo, con un tope de $190 mil.

El gobierno espera que el conjunto de las medidas del acuerdo tripartito disminuyan en 1,5 punto la tasa de desempleo, actualmente en 10,2%, la que según expertos podría alcanzar el 11% en los meses de invierno.

“NO ESTAN SIENDO EXPEDITAS” Según cifras de Tesorería, a junio de este año los contribuyentes con compromisos tributarios pendientes-personas naturales y jurídicas-, ascendían a los 185 mil.

En tanto,  en la Operación Renta 2009 se retuvieron $3.600 millones por deudas judiciales previsionales de empleadores. Estas órdenes de retención se originan en los juzgados, quienes se encargan de llevar a cabo el proceso correspondiente a la cobranza de las demandas que las instituciones previsionales (AFP o Cajas de Compensación), efectúan contra los empleadores que no han pagado las cotizaciones de sus empleados o que han cometido infracciones a las leyes sobre previsión social.

De acuerdo con el presidente de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Iván Vuskovic, "las medidas no están siendo todo lo expeditas que quisiéramos. Si bien hay un beneficio de renegociación tributaria que es positivo, en el caso de las deudas previsionales no hay ninguna posibilidad de pagarlas, ya que en el sistema financiero se multiplican debido a los altos intereses".

Vuskovic comentó que el tema ya se ha discutido con el Ministerio del Trabajo y que se están estudiando alternativas para flexibilizar las exigencias. Especialmente considerando la escasa demanda que están mostrando los permisos de capacitación por parte de las empresas.

EFECTOS EN DESEMPLEO

Para Tomás Flores, de Libertad y Desarrollo (LyD), "las exigencias respecto de la consolidación de las deudas son una limitante muy grande para las empresas. Sobre todo en ciclos adversos como éste, donde no es raro que las empresas tengan problemas de liquidez y puedan no estar al día en el pago de impuestos y seguridad social". Agrega que "es un requisito que en épocas de crisis, para la que están pensadas precisamente estas medidas, se hace más difícil de cumplir. Es un círculo vicioso", dice.

Flores no cree que el plan permita disminuir en 1,5 punto el desempleo. "Sólo los planes de emergencia tienen un impacto de ese orden", sostiene.

Fuente:  La Tercera