La discusión sobre las restricciones al crédito en Chile alcanzó su máxima temperatura esta última semana, cuando el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, planteó la figura de un mediador del crédito para el sistema, tema que generó el abierto rechazo de la banca.

Sin embargo, pareciera que el recién descrito no pasó de ser un episodio con tintes más mediáticos que de fondo, porque -más allá de la polémica- ambos actores habían comenzado a coincidir en un punto: para inyectar mayor liquidez al sistema, en un escenario donde la crisis ya comienza a notarse en los niveles de riesgo y desempleo, en la paralización de proyectos de inversión y en las expectativas de crecimiento macroeconómico para 2009, se requiere estudiar algunos ajustes normativos y legales.

La antesala, sin embargo, estuvo marcada por dos hechos. El primero, que el gobierno comenzó a sentir la presión de algunos sectores productivos afectados por la crisis, lo que a ojos de expertos lo llevó a trasladar -con un interés más bien político- el foco de la atención hacia la banca, a la que comenzó a exigir el traspaso de la baja de tasas y su colaboración para activar el flujo del crédito. El segundo, que el sistema financiero se mantuvo en su posición original, con el argumento de que el riesgo sistémico obligaba a la industria a mantener una actitud de cautela ante los requerimientos de capital.

Por lo mismo su mensaje fue claro: si se desea un mayor flujo de préstamos, eso pasa necesariamente por flexibilizar algunos aspectos normativos y legales del funcionamiento actual. Ya el 20 de septiembre pasado, a pocos días de ocurrida la caída de Lehman Brothers en EEUU, la Asociación de Bancos comenzó a plantear, a través de cartas reservadas a Hacienda, Economía y el Banco Central, algunas ideas en esta línea, pero ahora cobran mayor urgencia, sobre todo dado el emplazamiento de la autoridad. El argumento de fondo es que si bien la disposición y la liquidez para dar créditos están, "el riesgo de la economía ha aumentado: hay aserraderos cerrando, negocios que están bajando sus ventas... Y en una situación compleja como esta, se requiere tener flexibilidad", sostiene Hernán Somerville, presidente de la Asociación de Bancos.

Sobre el tema, el gobierno de Bachelet ya tomó nota.

LAS PROPUESTAS
¿Qué plantea la banca en concreto? Fundamentalmente cuatro cambios: que se le permita capitalizar las deudas de empresas en problema de insolvencia o con riesgo de quiebra, de modo de inyectarles capital y permitirles salir a flote. "Eso significa hacernos socios de esas compañías por un período no mayor a seis o siete años, con la aprobación de la Superintendencia de Bancos (Sbif). Este sistema les da a los bancos menos rigidez en materia de manejo de situaciones complejas y lo hemos planteado con mucha fuerza, como se hizo en Chile después de la gran crisis de 1983", afirma Somerville.

En segundo término, buscan que flexibilicen las pautas a través de las cuales la Sbif -que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda- establece qué garantías se pueden aceptar y cómo se valorizan al momento de cursar un crédito, lo que permitiría mayor flexibilidad a la banca al momento de evaluar un préstamo a una empresa, por ejemplo. Por otra parte, las instituciones financieras quieren que se extiendan los plazos máximos -hoy de 18 meses- en los cuales los bancos están obligados a liquidar los bienes recibidos en garantía, una idea que en Hacienda no es vista con malos ojos. El objetivo es evitar vender esos activos a precios más bajos, producto de la crisis y de la mayor oferta. "Algo que no le conviene a nadie", explicaSomerville, quien agrega, en todo caso, que estos dos últimos son temas de la Superintendencia "y con ella tenemos un diálogo excelente".

El cuarto punto tiene que ver con el negocio inmobiliario. La Abif, que junto a la Cámara Chilena de la Construcción formó un grupo de trabajo para analizar la crisis, ha pedido que se postergue la anunciada eliminación del IVA del que está exento el sector, bajo el argumento de que la desaparición de este beneficio elevaría entre 8% y 10% el valor de las viviendas de entre 3.500 y 4.000 UF.

DISPOSICION DEL EJECUTIVO
Al interior del gobierno se advierte una disposición a estudiar modificaciones. "Si se están planteando cambios normativos, estos deben ser evaluados", afirma desde España el ministro de Economía Hugo Lavados, quien ha trabajado con la banca en soluciones para el sector salmonero.

Una señal en ese sentido la dio hace unos días el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, al encargar al Consejo Consultivo para la reforma al mercado de capitales propuestas para agilizar el flujo de financiamiento hacia empresas y personas, paquete que le será entregado probablemente en marzo y que considerará el inicio de una serie de modificaciones, legales y normativas, que no involucrarán únicamente a las colocaciones bancarias, pero que permitirán que el crédito fluya al mercado, explican altas fuentes del Ejecutivo.

FUNDAMENTOS DE LA INDUSTRIA
La crítica hacia el sector financiero se originó "en el exceso de cautela en la entrega de los créditos", dice un alto personero de La Moneda. En ese contexto, agrega un empresario, el gobierno puso el acento en la fluidez del crédito. Ejecutivos del sector privado dicen que eso efectivamente ocurrió. Pero en el caso de las empresas grandes y solventes no fue así, aunque el endeudamiento al que acceden es más caro, dice un gerente.

En parte, lo que se le está pidiendo a la banca es que separe "la paja del trigo"; esto es, que en su análisis caso a caso revise bien los fundamentos de cada empresa, de manera que la coyuntura de su propio sector no afecte la evaluación final. Eso excluye a "quienes están enfrentando problemas por mala gestión. Y en ese caso, no le podemos decir al banco que les dé crédito", añade Lavados.

Mientras tanto, la demanda por préstamos ha caído "brutalmente", complementa Somerville, y si antes se rechazaba un crédito, hoy se rechaza uno y medio. Eso es lo que él llama un manejo "prudente y riguroso".  "Si los bancos entran en problemas por otorgar malos créditos y no cumplir con rigurosos análisis de riesgo, tiene que intervenir el Estado", advierte.

Fuente: www.latercera.cl